Arismendi Díaz Santana
Autoridades cómplices ni siquiera cumplieron con el mandato de revisar la Ley 87-01 en el 2011, debido a la ausencia de voluntad política para enfrentar los intereses creados, reconocer las distorsiones introducidas y la posposición ilegal de las reformas dispuestas por la ley.
Lamentablemente, todavía *el país no cuenta con estudios independientes que evalúen el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS)* en sus 25 años de funcionamiento. Desde luego, el sistema ha logrado una cobertura casi universal, protegiendo a más de 10 millones de personas.
Pero, como hemos señalado en varias oportunidades, esos logros sin precedentes, por sí solos, no son suficientes. *La ausencia de un diagnóstico objetivo dificulta definir con precisión la direccionalidad y profundidad de los cambios necesarios*.
¿Cuáles factores explican la tradicional precariedad de los servicios públicos? *¿Por qué las familias de menores ingresos destinan un 8.8% de su presupuesto al gasto de salud? Ausencia de voluntad política para enfrentar los intereses creados, eliminar distorsiones e impulsar las reformas dispuestas por la ley*.
*Aunque el 97% de la población está afiliada, esto no necesariamente se traduce en acceso real, ni en calidad del servicio, ni en protección financiera real*.
*Detener la subordinación de la protección social a la privatización y mercantilización*
Nuestra Fundación ha denunciado la “*captura del sistema por grupos económicos que bloquean las reformas para mantener privilegios* “, evitando la producción de informes que evidencien esa subordinación.
Los gremios y grupos más influyentes coinciden en no tomar decisiones ni favorecer *investigaciones profundas que desnuden las ventajas y privilegios de las minorías dominantes*, tanto de derecha como de izquierda.
En resumen, la falta de análisis del impacto cualitativo del SDSS no es un mero descuido. Es el resultado de *una política pública que aplica la Ley según las presiones de gremios y sectores más retrógrados.
Fuente: Acento
